MISTERIOSO SILENCIO

El silencio de las instituciones murcianas, incluida la Universidad, es extraño e incomprensible. Los políticos que utilizaron en beneficio propio y de sus partidos esta institución social, se van protegidos por sus partidos y blindados por el Estado.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo, -con 136 años de historia-, fue inicialmente una institución de fomento del ahorro con una orientación social: los beneficios eran invertidos en fines sociales, en un intento de redistribuir de alguna manera la riqueza de la comunidad. Pero pronto cayó sobre ella el poder político y el capitalismo financiero. Se impuso que su gobierno fuese nombrado por los poderes públicos y los consejos de administración se llenaron de políticos locales. Se eliminaron las restricciones legales y la Caja empezó a prestar dinero con una finalidad que ya no era social, sino especulativa. El sometimiento de la cúpula de la CAM a los intereses de los gobiernos regionales, y su arriesgada inversión inmobiliaria, ha llevado a la Caja a una situación caótica.

¿Qué hicieron con los cuartos para que el Banco de España calificara a la CAM de “lo peor de lo peor”? La Caja de Ahorros del Mediterráneo fue intervenida en julio de este año por el Banco de España, que nombró tres interventores y relevó a sus directivos. Desde entonces, los medios no han dejado de informarnos de graves irregularidades: créditos a interés cero, inversiones ruinosas como la de Terra Mítica; préstamos al Gobierno Autonómico de Valencia; créditos a empresas inmobiliarias y constructoras prácticamente imposibles de recuperar. Son de sobra conocidas las relaciones de la CAM con Hansa Urbana, empresa promotora inmobiliaria y turística, envuelta en numerosos proyectos de dudosa legalidad y alto impacto ambiental. En la Región de Murcia, es propietaria mayoritaria de tres grandes desarrollos urbanísticos en los proyectos de Novo Carthago, Puerto de Mazarrón y Puntas del Calnegre.

¿Qué hacemos con la CAM? Yo creo que alguien debería estar ante el juez. El uso de los impuestos de los ciudadanos para sanear a empresas irresponsables no es admisible. Ya se habla de unos 7.000 millones, de los que unos 4.200 son proporcionados a fondo perdido, incluso aunque logre venderse. Mientras tanto, llama la atención el extraño silencio de los directivos de la Caja en Murcia. Y el Gobierno de la Región, tampoco dice nada; cuando precisamente los gobiernos autonómicos son los responsables de la gestión de las Cajas. Su portavoz, el ex-Rector Ballesta, tan locuaz sobre otros temas, no dice ni pío. Quiero pensar que, llevados de la mejor voluntad, pretenden con el silencio evitar la “alarma social”; pero se equivocan. La gente necesita saber qué pasó y qué va a pasar; quiere saber si en Murcia, (“Caja de Ahorros de Alicante y Murcia”, se llamó), también hubo inversiones ruinosas, préstamos a proyectos del gobierno regional y a empresas inmobiliarias, que no se pueden recuperar; comisiones y sueldos indebidos, etc.

Creo que hubiera sido conveniente en este caso tan grave, una moderada “alarma social”, para que los clientes y ahorradores, -yo también-, tuvieran que vérselas directamente con los que gobernaban la Caja. ¡Bienvenidos al Corralito!, cabría decir, si el “Papá Estado” no hubiera acudido presuroso a inyectar dinero público, dejando que los causantes se vayan de rositas. Estos políticos que utilizaron en beneficio propio y de sus partidos una institución nacida de la iniciativa social, que distribuyeron sueldos abusivos, se van protegidos por sus propios partidos y blindados por el Estado. Pero de este saqueo institucionalizado, no se habla.

El silencio absoluto de las instituciones murcianas, es misterioso e inadmisible. Mientras tanto, los ciudadanos siguen desconcertados y perplejos.